Segovia acordó siete años de prisión: el convenio espera homologación

El exjefe de la Policía Departamental de Mar del Plata José Luis Segovia acordó siete años de prisión mediante un juicio abreviado en la causa por una organización integrada por policías y civiles. El convenio incluye inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y todavía debe ser evaluado por un tribunal.

Según BACAP, que informó haber accedido al acuerdo, la firma se concretó el 1 de octubre ante el fiscal general adjunto Marcos Pagella. Participaron Segovia y su abogado defensor, Martín Bernat.

El excomisario mayor aceptó el trámite del juicio abreviado, la calificación legal sostenida por la Fiscalía y la pena solicitada. El convenio lo ubica como jefe de la asociación ilícita, la posición que la acusación le atribuyó dentro de la estructura investigada.

Segovia permanece alojado en la Unidad Penal 44 de Batán. El paso siguiente será el sorteo de un nuevo Tribunal Oral en lo Criminal, encargado de analizar los términos del acuerdo y resolver si corresponde homologarlo. La pena pactada aún no constituye una sentencia judicial.

La investigación examinó presuntas maniobras de recaudación ilegal, protección y encubrimiento. Entre sus ejes estuvo el circuito informal de compraventa de dólares de la avenida Luro y las supuestas exigencias de dinero a cambistas para permitirles operar, según la cobertura de 0223 del 3 de octubre.

El expediente también abordó hechos vinculados con exacciones ilegales, falsificación de documentación pública, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y estafa procesal. Esos antecedentes corresponden a la acusación y deben distinguirse de la resolución pendiente sobre el convenio.

Dentro de la misma causa ya hubo otros cinco acuerdos, con penas que van desde tres años de prisión en suspenso hasta seis años de cumplimiento efectivo. La situación procesal de Segovia debe evaluarse de manera separada de esas condenas.

La causa atravesó distintas instancias antes de este acuerdo. En diciembre de 2025, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 había rechazado el pedido de su defensa para que fuera juzgado por un jurado popular y mantuvo la competencia provincial.

Aquella cobertura consignó que la Cámara de Apelación y Garantías había confirmado previamente la elevación a juicio. También describió la hipótesis fiscal sobre el uso de la estructura policial para desviar investigaciones y favorecer encubrimientos.

La relevancia local del caso se vincula con la jerarquía que Segovia ocupó: estuvo al frente de la DDI y luego de la Jefatura Departamental. La homologación del nuevo convenio será la instancia que determine si se dicta sentencia en los términos acordados.

Imagen de archivo: fachada de los Tribunales de Mar del Plata.